TPP: la ley secreta similar a la SOPA que amenaza a los cibernautas chilenos

Tras la fachada de un importante tratado de libre comercio conocido como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), se encuentra la propuesta norteamericana para un proyecto de ley sobre derechos de autor en Internet que podría alterar la legislación chilena con medidas tan severas como las que incluía la cuestionada SOPA.



Como de carácter privado definió la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) las conversaciones entre Chile y los demás países —Perú, Nueva Zelanda, Australia, Brunei Darussalam, Singapur, Vietnam, Malasia y Estados Unidos— que actualmente se encuentran negociando el TPP, en un comienzo conocido como acuerdo P4, y que contiene medidas que repercutirían directamente en la legislación chilena respecto a los derechos de autor en Internet. En febrero de 2011, la ONG norteamericana Knowledge Ecology International (KEI) filtró el capítulo de la propiedad intelectual de la propuesta norteamericana para enfrentar el tema.

El TPP es un tratado de libre comercio suscrito en 2005 que ya va en su décima mesa de negociación, esta última realizada el 9 de diciembre de 2011 en Kuala Lumpur, Malasia. Como ocurre con la mayoría de los acuerdos de última generación, sus alcances incluyen el tema de la propiedad intelectual por lo que puede tener implicaciones directas sobre las materias de derechos de autor y en cómo estos se aplican a la difusión de la cultura y al uso de Internet. La próxima ronda de conversaciones se realizará en marzo, en Los Ángeles, EE.UU.

“Si la comparas con SOPA, te das cuenta de que son primas hermanas”, afirma el presidente de Derechos Digitales, Claudio Ruiz, respecto a la propuesta estadounidense. Esta ONG es la que en Chile ha dado la batalla presionando a la Cancillería para que transparente lo que va del acuerdo. “Lo que está pasando hoy en día es que, con un perfil mucho más bajo de lo que pasó con SOPA y con Megaupload, se están llevando a cabo negociaciones en Chile respecto de un tratado que podría tener efectos bien similares”, asegura Ruiz.

La propuesta hecha por la United States Trade Representative (USTR), que a comienzos de 2011 fue filtrada por activistas de KEI, incluye varios puntos similares a los que contenía la bullada ley SOPA. Lo más grave, según los especialistas, es el incentivo a los proveedores de servicios de Internet a responsabilizarse de supervisar lo que los usuarios suben y descargan de la red. Existen tres diferentes tipos de plataformas que se consideran como proveedores: las que proveen acceso a la red (como Entel y VTR), las que ofrecen servicios en Internet (como Google y Facebook) y las que disponen de espacio online donde guardar contenido (como Itunes y Megaupload).

De ser aprobada la medida, éstos se encargarían de ejercer las sanciones a los usuarios sin la necesidad de pasar antes por un tribunal, como impone el protocolo que actualmente rige en Chile. “El sistema funciona con estímulos. Para evitar cualquier acción judicial en su contra, los prestadores deben colaborar y así ellos se hacen inmunes”, explica el abogado de Derechos Digitales, Francisco Vera. “Abre la puerta eventualmente a leyes que permiten desconectar de Internet a los infractores, como la ley Hadopi, en Francia”.

En nuestro país, la ONG Derechos Digitales ha mantenido varios encuentros con la Direcon para averiguar sobre los avances de las negociaciones e incluso apelaron al Consejo de Transparencia, acción que les fue denegada. La razón: la seguridad nacional y la estabilidad de las negociaciones comerciales.

Otra de las medidas que propone el proyecto de la USTR es la ampliación de los plazos de protección de obras por derechos de autor. En la práctica esto se traduce en que aquellas que estarían a punto de cumplir el plazo fijado por la normativa actual, tendrían que continuar la espera para salir al dominio público, que es la oportuidad cuando se podrán difundir libremente.

Además, la propuesta concede al titular de los derechos de autor la posibilidad de restringir las importaciones paralelas, un mecanismo que permite que una obra fabricada legalmente en el extranjero pueda ser importada a otro sin necesidad de contar con una autorización.

Expertos en la materia, como Daniel Álvarez, abogado y profesor de privacidad y tecnología de la Universidad de Chile, apuntan a que los principales favorecidos con estas son los intereses norteamericanos. “El problema de todas estas disposiciones es que protegen a una industria súper específica, la norteamericana. Terminamos convertidos en medios importadores de tecnología”, explica Álvarez, quien participó en el foro de la novena mesa de negociaciones realizada en Lima, Perú, el 21 de octubre de 2011. El experto en medios digitales, José Ignacio Stark, añade que “esta legislación hace oídos sordos a una nueva manera de transmitir la cultura, todavía los grandes conglomerados de derechos de autor no parecen entender que demonizar la tecnología no es el camino”.

En nuestro país, la ONG Derechos Digitales ha mantenido varios encuentros con la Direcon para averiguar sobres los avances de las negociaciones e incluso apelaron al Consejo de Transparencia, acción que les fue denegada. La razón: la seguridad nacional y la estabilidad de las negociaciones comerciales. “La diferencia es hacer algo ahora y no después cuando ya no haya nada más que hacer salvo aceptar o rechazar. Evidentemente, el ejecutivo va a querer aceptarlo porque ya lo negoció. Ahí ya va a ser demasiado tarde”, explica Claudio Ruiz. “A todo tipo de ley que no se discuta, que no se converse, como ciudadano me opongo. Estas cosas no pueden negociarse entre cuatro paredes porque involucran los derechos de los ciudadanos”, agrega Mario Romero, director de Transmedia.cl.

Tras ser consultados por el tema, en la Direcon señalan que dado el estado de las negociaciones, no pueden hacer ningún comentario al respecto.

En Estados Unidos, la filtración de la propuesta también sacó ronchas. El senador independiente, Bernard Sander, envió una carta al representante de comercio exterior, Ron Kirk, manifestando su oposición al secreto de las conversaciones y exigiendo la publicación de los textos de la negociación. KEI, que actualmente se coordina con organizaciones de todos los países que integran el tratado, ha expresado su preocupación respecto a la incompatibilidad de las medidas con la legislación norteamericana.